“A mí no me consultaron. A mis colegas con los que hablé tampoco les consultaron. Fue aplazado de manera arbitraria”, manifestó.

El concejal aseguró que este tipo de decisiones afectan el ejercicio del control político y la posibilidad de que la ciudadanía conozca de manera oportuna las respuestas de la Administración Distrital frente a diferentes problemáticas de la ciudad.

Avellaneda también cuestionó la ausencia de respuestas institucionales frente a solicitudes realizadas desde el pasado mes de marzo. Recordó que durante el debate del 18 de marzo el secretario de Seguridad no asistió y tampoco envió una delegación oficial para responder los cuestionamientos planteados por la corporación.

“La Personería no ha hecho nada. Les he solicitado que respondan desde el 20 de marzo. He pedido explicaciones sobre el ingreso del vehículo y del funcionario César Restrepo a las instalaciones del Concejo de Bogotá. Reiteré esa solicitud el 17 de abril y a hoy no sé si están encubriendo algo o qué es lo que pasa”, afirmó.

Posteriormente, el cabildante continuó con su intervención de control político enfocada en la ejecución de recursos públicos y en la gestión de la Administración Distrital frente a proyectos financiados con recursos nacionales.

En materia educativa, cuestionó la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y pidió mayores controles sobre la ejecución de los recursos destinados a garantizar la alimentación de miles de estudiantes bogotanos.

“¿Dónde está el control sobre la operación del PAE en los colegios de Bogotá?”, preguntó.

Asimismo, se refirió a proyectos financiados mediante recursos del Sistema General de Regalías en la localidad de Sumapaz, señalando que, pese a que el Gobierno Nacional ha girado los recursos correspondientes, los avances reportados por la Administración Distrital son insuficientes.

Entre los casos mencionados destacó un proyecto ejecutado por la Unidad de Mantenimiento Vial, con una inversión superior a los 80 mil millones de pesos y una meta de intervención de más de 33 kilómetros de vías rurales.

Según explicó, los datos reportados por el Departamento Nacional de Planeación evidencian retrasos significativos frente al cronograma inicialmente planteado.

“Los datos del DNP nos dicen que el avance físico es insuficiente para entregar el 56,7 % de la obra en los meses que restan del cronograma. El avance financiero sugiere una alta probabilidad de que el proyecto se convierta en una obra inconclusa, y aquí no hay quien responda”, aseguró.

Avellaneda señaló además que existen proyectos que han pasado de tener una ejecución prevista de 21 meses a extenderse por más de 56 meses, situación que, según afirmó, demuestra problemas de planeación, seguimiento y ejecución.

Finalmente, hizo un llamado a la Administración Distrital para garantizar un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos.

“Esperamos una Alcaldía que sea responsable con el dinero de los bogotanos, porque estos recursos están destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Lo que estamos viendo es una administración que está desperdiciando y, por qué no decirlo, desapareciendo ese dinero”, concluyó.

El cabildante abrió su participación con una contundente frase:

“Bogotá, ciudad de pistoleros”.

En su intervención, el concejal hizo referencia a varios hechos violentos ocurridos en las últimas semanas, entre ellos el asesinato de Alberth Piñeros, asegurando que este crimen dejó “huérfana a la localidad de Santa Fe”, debido al reconocimiento y liderazgo social que ejercía en el sector.

Asimismo, mencionó el reciente homicidio de un comerciante del sector cárnico en la localidad de Suba, perpetrado por sicarios que se movilizaban en motocicleta, así como otros casos recientes de balaceras y ataques armados registrados en diferentes sectores de Bogotá.

Avellaneda aseguró que la ciudadanía hoy vive con miedo mientras la criminalidad sigue ganando terreno en la capital.

El concejal cuestionó además las cifras de seguridad y pidió una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades distritales y nacionales frente al crecimiento de estructuras criminales y hechos violentos que afectan diariamente a los ciudadanos.

Durante el cierre de su intervención, Avellaneda aseguró:

“Es preocupante que esta ciudad no camina segura. Lo que sí pasa son hechos de sicariato”.

Avellaneda hace un llamado urgente a las entidades competentes para que refuercen sus medidas de seguridad, señalando que las intimidaciones se presentan en un contexto de denuncias sobre la falta de garantías institucionales para el ejercicio de mecanismos de participación ciudadana.

El concejal expresa su profunda preocupación por los obstáculos que, desde octubre del año anterior, han enfrentado los ciudadanos que impulsan la revocatoria, particularmente la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria, requisito indispensable para avanzar en el proceso. Señala que ninguna entidad bancaria ha autorizado la apertura, y las respuestas tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como de la Superintendencia Financiera han dejado, en la práctica, “amordazada” la iniciativa ciudadana.

“El proceso de revocatoria hoy está expuesto al poder económico que protege al alcalde, mientras la institucionalidad no brinda las garantías mínimas que la democracia exige”, señala Avellaneda, a su vez que ratifica que no solamente habla como concejal, sino como ciudadano y bogotano preocupado por el rumbo de la ciudad.

Ante este panorama, el cabildante extiende una invitación pública al alcalde Carlos Fernando Galán para que dialogue directamente con la ciudadanía y dé explicaciones sobre su gestión. Para ello, propone un encuentro el próximo 12 de febrero a las 6:00 p. m., en el recinto Los Comuneros del Concejo de Bogotá, como un escenario abierto y plural de discusión.

Asimismo, convoca a las ciudadanías libres, organizaciones sociales y fuerzas democráticas a participar activamente en este espacio, resaltando que Bogotá es una ciudad que pertenece a todos y todas, sin distinciones, y cuyo destino debe construirse colectivamente.

De manera especial, Avellaneda hace un llamado a sus compañeros y compañeras del Concejo de Bogotá, en particular a los miembros de su bancada, para que asuman una posición clara frente a la situación de la ciudad. “Guardar silencio frente a lo que ocurre nos haría cómplices. Pronunciarse es un deber fundamental”, afirma.

El cabildante reitera que las amenazas en su contra no lo harán desistir de su compromiso con Bogotá, pero, a su vez, exige una respuesta inmediata del Estado para garantizar su seguridad y la de quienes ejercen control político y participación ciudadana.

Así lo manifestó el concejal del Pacto Histórico, Jairo Avellaneda, quien expuso las múltiples problemáticas que enfrentan diariamente los bogotanos en el transporte público: hurtos recurrentes, sobrecupo causado por la baja frecuencia de las rutas, maltratos a los usuarios y riesgos graves para la vida en estaciones que no cuentan con puertas de seguridad.

“El aumento del pasaje no se ve reflejado en mejores condiciones para la gente. Los usuarios pagan más por un servicio que sigue siendo inseguro, insuficiente y precario”, señaló Avellaneda, quien agregó que el modelo actual prioriza la rentabilidad de los concesionarios por encima del bienestar ciudadano.

En ese sentido, el cabildante hizo un llamado directo a la administración distrital para que abra un diálogo serio con el Gobierno Nacional y explore alternativas que eviten trasladar los costos financieros del sistema a quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar y movilizarse diariamente por la ciudad.

“Tal como lo ha expresado el presidente de la República, existen salidas si hay voluntad política. No es justo que el déficit del sistema lo sigan pagando los ciudadanos mientras los operadores mantienen condiciones favorables”, afirmó.

Avellaneda recordó que hay disposición en la nación para cofinanciar soluciones que permitan reducir las tarifas y mejorar el servicio. “El pasado martes quedó en evidencia esa voluntad cuando el presidente Gustavo Petro le propuso al alcalde Carlos Fernando Galán trabajar conjuntamente para bajar las tarifas con apoyo de la inversión nacional”, agregó.

Avellaneda aseguró que la ciudadanía ya se encuentra agotada con la falta de gestión del mandatario y los permanentes incumplimientos en casi la mitad de su periodo, e insistió en que la revocatoria es una respuesta legítima de la ciudadanía frente a la falta de soluciones concretas en seguridad, movilidad y bienestar que en principio estableció en su programa de Gobierno “Bogotá camina segura”.

“Hoy acompañamos a este comité como un acto de coherencia con las comunidades que sienten que Bogotá no avanza. La revocatoria es una herramienta democrática y debe ser escuchada con respeto por parte de las instituciones”, agregó.

Así mismo, el Concejal hizo énfasis en los temas con mayor cantidad de incumplimientos ante los Bogotanos: “Tenemos tres grandes problemas: Seguridad, que cuenta con más de 200 bandas criminales operan en la capital y los índices de hurto y homicidios reflejan un incremento sostenido, mientras la ciudadanía vive con miedo en las calles y barrios de la ciudad; en cuanto a la movilidad, somos víctimas de la improvisación, las fallas en la malla vial y las deficiencias de transporte público que lleva a los bogotanos a trasladarse 3 horas en detrimento de su tranquilidad”.

También recordó su gran reclamo a la administración a través de sus más recientes debates de control político “No se nos puede olvidar que el deterioro de la ciudad también se ve reflejado en el basurero a cielo abierto que hoy tenemos, pues los ciudadanos deben convivir con montañas de basura, escombros y plagas que afectan directamente la salud y el bienestar de las familias”.

El cabildante enfatizó que la revocatoria busca “abrir la puerta a una administración que recupere la confianza ciudadana y devuelva la dignidad a los habitantes de la capital”.

Con la radicación de la solicitud, el proceso de revocatoria del alcalde Galán inicia su curso formal ante las autoridades competentes, lo que permitirá a la ciudadanía decidir si el actual mandatario debe continuar o no al frente de Bogotá.

“La ciudadanía está desprotegida. La administración de Galán no solo ha fallado en enfrentar la delincuencia, sino que intenta maquillar la realidad con cifras que no coinciden con los registros oficiales de la Policía Nacional”, afirmó el concejal Avellaneda.

Además, agregó que, durante un debate de control político, la Secretaría de Seguridad presentó cifras que difieren sustancialmente de las reportadas por la Policía Nacional, lo que ha encendido las alarmas sobre la falta de transparencia en la gestión, específicamente en:

•Hurto a personas: la Policía Nacional reporta 64.704 casos, mientras la Secretaría de Seguridad indica que fueron 47.033 casos.

•Hurto de motocicletas (primer semestre 2025): el reporte de la Policía Nacional es de 2.033 casos y el de la Secretaría de Seguridad de 1.856 casos.

•Homicidios: Lo reportado por la Policía Nacional son 575 asesinatos y la Secretaría de Seguridad indica que son 487 asesinatos.

“Aquí no se trata solo de números, estamos hablando de 88 personas asesinadas que no aparecen en las cuentas oficiales del Distrito. ¿Dónde están?”, cuestionó el concejal.

Avellaneda también denunció la persistencia de puntos críticos en la ciudad donde operan, desde hace años, desguazaderos de motos robadas. Sectores como la Avenida 1 de mayo, La Favorita y Bosa son ampliamente conocidos por estas prácticas ilegales, y hasta la fecha no existe una estrategia clara por parte del Distrito para intervenir y desmantelar estas redes criminales.

Así mismo, hizo énfasis en la necesidad de que el hurto de celulares —uno de los delitos más frecuentes y sensibles para los ciudadanos— sea reportado de manera diferenciada y no como una subcategoría genérica del “hurto a personas”, pues esto invisibiliza su magnitud real.

Ante este panorama, el concejal Jairo Avellaneda lanzó una serie de preguntas clave a la administración, exigiendo respuestas concretas y soluciones inmediatas frente a las estrategias reales que se están implementando para el seguimiento de los GPS en las motos y celulares hurtados, qué tecnología se está utilizando para rastrear celulares y motos hurtadas, así como las medidas que se están adoptando para enfrentar el fenómeno del sicariato en la ciudad.

“Algo que nos queda claro es que el alcalde Carlos Fernando Galán cumplió al decir que quería una Bogotá equilibrada, en igualdad de condiciones. Hoy todos los que habitamos Bogotá tenemos miedo… y somos engañados con cifras mentirosas”, concluyó.

Desde su curul, Jairo Avellaneda reafirma su compromiso con el control político riguroso y la defensa del derecho a la seguridad de los bogotanos, exigiendo una gestión honesta, responsable y eficaz por parte de la Administración Distrital.